Señor Presidente de la 106° Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

Señor Director General de la OIT y delegados a la Conferencia

A nombre de las organizaciones de trabajadores del Perú, saludamos el informe del Presidente del Consejo de Administración y Memoria del Director General sobre las actividades llevadas a cabo entre el 2016 -2017.

En principio coincidimos con los ejes centrales del informe sin embargo, como sucede en todo informe global, este debe entenderse de acuerdo a las particularidades de cada país, por ello, en esta oportunidad queremos llamar la atención sobre la situación laboral en el Perú, en un contexto marcado por una profunda desigualdad y el peligro de que en poblaciones vulnerables se retorne a la pobreza, retroceder lo alcanzado en años de crecimiento económico, así como de profusos programas asistenciales.

Para enfrentar estos potenciales peligros, denunciamos la continuidad de la política anti trabajadores que es promovida por las grandes corporaciones empresariales y defendida por el actual gobierno, tratando de imponer una

Reforma que elimina las normas alcanzadas y precariza aún más el empleo, sin ningún tipo de diálogo.

Denunciamos ante la OIT la política antisindical imperante en el Perú, que persigue a los trabajadores que forman sindicatos y exigimos al Estado peruano que defienda la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. Demandamos poner fin a los retrasos crónicos en el proceso de negociación colectiva en el sector público y en el privado.

Constatamos a la vez que el gobierno no ha dotado ni de recursos ni de atribuciones suficientes a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, de la misma manera que ha enviado al Ejecutivo para su aprobación una ley de empleo juvenil, sin el debate correspondiente, a la vez que ha anunciado el funcionamiento de una comisión de reforma de la seguridad social sin participación de los trabajadores tal como manda el convenio de la OIT. Esta actitud ha debilitado el papel del Consejo Nacional de Trabajo que, debe ser revitalizado urgentemente como corresponde a una sociedad democrática.

Estas denuncias las sustentamos en el hecho de que el gobierno no muestra resultados concretos en materia social, sobre todo en el ámbito de los derechos laborales fundamentales, más aún cuando el gobierno anterior se resistió a implementar el Programa Nacional de Trabajo Decente, pese a los compromisos suscritos con la OIT en los años 2006 y 2007.

En este contexto, el Ministro de Trabajo ha anunciado una nueva prórroga hasta fin de año del ajuste a la Remuneración Mínima para los trabajadores, que hasta ahora se sitúa en S/. 850 soles (unos 260 U$) desde junio del 2016.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, señala que el costo de la canasta básica familiar en el Perú es de S/. 1,500. Así el salario mínimo de hoy apenas cubre el 56% de las necesidades de una familia, cuando la productividad supera el 3,5% anual y la tasa de rentabilidad promedio de las empresas supera actualmente el 20% anual, una de las más altas en América Latina.

Las sanciones económicas impuestas por el Ministerio de Trabajo a las empresas por violaciones de la libertad sindical y la negociación colectiva, rara vez se acatan. Los trabajadores enfrentan muchos procesos judiciales prolongados por despidos relacionados con la actividad sindical

El uso de la subcontratación para evitar las relaciones de trabajo directo limita el tamaño de la fuerza laboral permanente de una empresa y les impide de hecho la participación en los sindicatos con la amenaza de no renovar sus contratos, más aún cuando el Estado aún no ha adoptado ninguna medida para poner fin a los Contratos de Servicios Administrativos, pese a que la ley establece su eliminación gradual. Por otro lado, institucionaliza regímenes laborales precarios en la agroexportación y en la exportación no tradicional.

La Ley de Servicio Civil, que prohíbe la negociación colectiva de los salarios y reduce la estabilidad laboral de los trabajadores en el Sector Público se mantiene, pese a que una Sentencia del Tribunal Constitucional que exhorta a lo contrario.

El Gobierno nos amenaza actualmente con modificar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con el propósito de reducir sus patrones de referencia, por lo que la presentación ante el Congreso de la República, nos expone al riesgo de eliminación de las condiciones básicas y modelos mínimos que señala la ley. Asimismo, el Gobierno no ha adoptado ninguna medida para modificar la Ley que recorta los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores de la micro y pequeña empresa, y que los mantiene con salarios deprimidos en abierta discriminación además de imposibilitar su organización sindical.

Los trabajadores peruanos esperamos que nuestra denuncia sea escuchada y que los esfuerzos de la comunidad internacional contribuyan a hacer realidad una mayor justicia social en nuestro país.

Muchas gracias.