Consumado la masacre perpetrados por la dictadura cívico militar el 9 de enero en Juliaca-Puno con los cuales llegan a 50 asesinados hijos de nuestro pueblo y centenar de heridos. El primer ministro Alberto Otárola en la noche del mismo día con aires de triunfador dio mensaje desafiante y el 10 de enero con todo cinismo se presentó ante el Congreso de la República para pedir la confianza a su gabinete.

Expuso con una verborrea cargado de falsedades sin ningún pudor, acusando a los protestantes como vándalos y terroristas y respecto a los asesinatos, dijo que fue ejecutado por grupos venidos de Bolivia y con arrogancia hizo una serie de amenazas, en caso de continuar la protesta social. El Congreso de mayoría neofascista entusiasmado con el discurso de Otárola le dio la confianza al gabinete manchado de sangre del pueblo.

Luego la “presidenta” Dina Boluarte envalentonada, con el voto de confianza del Congreso, el 13 de enero, dio su obligado mensaje hipócrita, pidiendo perdón que nadie le cree y haciendo gala de su astucia repitió los términos del premier Otárola: tildó como pequeños grupúsculos de vándalos y terroristas a las enojadas muchedeumbres y sin ningún remordimiento señaló que los proyectiles que mataron a los manifestantes de Juliaca –Puno “ingresaron del sur”. Ratificó que no renunciará, ha decretado la suspensión de garantías, Estado de emergencia y toque de queda en Lima y demás regiones estratégicas, en su intento de impedir las protestas.

Frente a tal arrogancia, la respuesta de las diversas organizaciones sociales del campo y la ciudad y fuerzas democráticas del pueblo peruano, rechazan y condenan la petulancia de la dictadura criminal, las protestas en las demás regiones se han multiplicado. En ese contexto la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) se suman a la protesta nacional convocando al Paro Nacional a realizarse el 19 de enero.

El Congreso quiere controlar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ambiciona poder absoluto; razón por el cual, Dina Boluarte no quiere renunciar. Ya no cabe dialogar con la dictadura criminal, sería como dialogar con la banda del Capone.

La exigencia de las protestas y movilizaciones es de carácter político: 1) la renuncia inmediata de Dina Boluarte, 2) Cierre del Congreso, para el cual se nombre nueva mesa directiva y de inmediato convocatoria de elecciones: deben irse todos, para viabilizar referéndum, la Asamblea Constituyente y las reformas.

Concerniente a las investigaciones de los crímenes perpetrados por las fuerzas represivas en Apurímac, Ayacucho, Juliaca-Puno y otras regiones por parte de la fiscalía que pregona Dina Boluarte, no es confiable, puesto la Fiscal de la Nación está involucrada desde el principio en las maquinaciones del Congreso golpista, no tiene autoridad moral.

Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola, ex ministro de interior Víctor Rojas Herrera, y el actual ministro de defensa Jorge Luis Chávez Cresta deben ir a la cárcel: tal como ha ocurrido en Bolivia con la “ex presidenta” Jeanine Añez y varios jefes militares quienes purgan hoy cárcel por ser responsables de más de 30 asesinados de ciudadanos bolivianos en el 2019.

Por lo tanto, a cerrar filas por el Paro Cívico Nacional del 19 de enero y en las demás movilizaciones, hasta que caiga la dictadura criminal, en memoria de los mártires del pueblo peruano.

(*) Ex secretario general de la CGTP, ex senador de la Republica